En las elecciones para Presidente de EE.UU. de 2004, votó un 64% de la población registrada para sufragar. Ello se tradujo en aproximadamente 126 millones de votos, equivalentes a un 46% de la población en edad de votar en ese país (el 54% restante no votó o no estaba inscrito en los registros electorales).
Muchos pueden caer en la falacia de argüir que, debido a esta baja participación en los comicios, los resultados son los que todos conocemos y lamentamos actualmente. Pero si nos remitimos a las leyes de probabilidad y estadística y suponemos que las preferencias políticas de quienes decidieron no votar no difieren mayormente de quienes sí participaron en las elecciones, no tenemos por qué pensar que los resultados hubieran sido diferentes si a los ciudadanos registrados para sufragar de Estados Unidos los hubieran obligado a votar como sucede acá en Chile. Más aún: habiéndose también analizado las características etáreas, civiles, raciales y de otras índoles de los votantes, no se muestran pruebas concluyentes que respalden una falta de representatividad en quienes dieron su preferencia a Junior. Y por último, aunque la hubiera, ello sería un producto de las decisiones personales de las personas. Quienes optaron por no votar en noviembre de 2004 sabían que la decisión se tomaría igual, a manos ajenas. Quienes sí votaron, muestran en el detalle su heterogeneidad en variados aspectos, asegurando una gama amplia de preferencias (dentro de lo posible en un sistema político bi-partidario donde además se hacen elecciones primarias).
Con lo cual queda claro que en cuanto a elecciones populares, lo que prima es el derecho a pronunciarse respecto de las preferencias hacia un candidato. No se puede afirmar que la obligatoriedad del voto permita obtener resultados dramáticamente diferentes.
El escenario electoral en Chile difiere bastante del norteamericano. Ya en la Constitución Política del Estado, en su artículo 15º, se establece que el voto es obligatorio para todos los ciudadanos. En la Ley Orgánica Constitucional 18.700 se enumeran todas las causales para excusarse de votar, no siendo una de ellas la falta de ganas o la indecisión. También se detallan las sanciones a quienes no cumplan con su “deber cívico”, que van desde multas hasta reclusión. Y sólo por informar a los amables lectores, resulta que uno también puede ser elegido arbitrariamente como vocal de mesa, hasta dos veces seguidas. O las que invoque “el solo ministerio de la ley”, en su defecto.
Dudo seriamente que el espíritu detrás del artículo 15º de la Constitución, sea contar con un espectro lo más amplio posible de las preferencias de la población. No olvidemos que esta “carta legal” se redactó durante el gobierno de facto de Pinochet, quien no tenía el menor interés en considerar opiniones ajenas. Con lo que podemos concluir que ése es tan sólo otro ejemplo del autoritarismo que ha marcado el carácter de nuestra nación. Recuerdo cuánto me chocó que una muy amiga mía, hablando de estos temas, mencionara que se había inscrito en los registros electorales inmediatamente después de cumplir 18 años, puesto que su padre (ex integrante del Ejército) la había obligado al igual que a su hermano.
Mi llamado es a que el voto sea voluntario. No me interesa si la inscripción es automática o no (como promete lograr el candidato Piñera). Pero no se puede seguir obligando a la gente a hacer cosas que está en su derecho a no hacer, sin darle explicaciones a nadie. Me produce risa saber de la “preocupación” que autoridades y personas comunes y corrientes sienten por la baja participación política de los jóvenes. Lamento decir que los desasosegados son parte del rebaño que obedece sin pensar. Porque los jóvenes (y ya no tanto) que no votamos sí participamos de la política, por cuanto somos parte de la sociedad y nos regimos por sus reglas y trabajamos y pagamos impuestos (alguna vez lo hicimos, al menos). Simplemente me revienta cuando alguien dice que el que no vota no tiene derecho a opinar. A ellos les contesto que tengo todo el derecho no sólo a opinar, sino también a cuestionar y criticar. Y que mi resistencia a votar no pasa por desinterés ni desconocimiento (de hecho creo tener mucho más que varias personas que me han venido con la dichosa frase). Pasa por resistirme al sistema. Pasa por respetar mi derecho a expresarme y mi autonomía para elegir. Y no es gratis, pero creo que el costo vale la pena. Porque es hora de que este país avance un poco y cambie su mentalidad de una vez por todas.
Muchos pueden caer en la falacia de argüir que, debido a esta baja participación en los comicios, los resultados son los que todos conocemos y lamentamos actualmente. Pero si nos remitimos a las leyes de probabilidad y estadística y suponemos que las preferencias políticas de quienes decidieron no votar no difieren mayormente de quienes sí participaron en las elecciones, no tenemos por qué pensar que los resultados hubieran sido diferentes si a los ciudadanos registrados para sufragar de Estados Unidos los hubieran obligado a votar como sucede acá en Chile. Más aún: habiéndose también analizado las características etáreas, civiles, raciales y de otras índoles de los votantes, no se muestran pruebas concluyentes que respalden una falta de representatividad en quienes dieron su preferencia a Junior. Y por último, aunque la hubiera, ello sería un producto de las decisiones personales de las personas. Quienes optaron por no votar en noviembre de 2004 sabían que la decisión se tomaría igual, a manos ajenas. Quienes sí votaron, muestran en el detalle su heterogeneidad en variados aspectos, asegurando una gama amplia de preferencias (dentro de lo posible en un sistema político bi-partidario donde además se hacen elecciones primarias).
Con lo cual queda claro que en cuanto a elecciones populares, lo que prima es el derecho a pronunciarse respecto de las preferencias hacia un candidato. No se puede afirmar que la obligatoriedad del voto permita obtener resultados dramáticamente diferentes.
El escenario electoral en Chile difiere bastante del norteamericano. Ya en la Constitución Política del Estado, en su artículo 15º, se establece que el voto es obligatorio para todos los ciudadanos. En la Ley Orgánica Constitucional 18.700 se enumeran todas las causales para excusarse de votar, no siendo una de ellas la falta de ganas o la indecisión. También se detallan las sanciones a quienes no cumplan con su “deber cívico”, que van desde multas hasta reclusión. Y sólo por informar a los amables lectores, resulta que uno también puede ser elegido arbitrariamente como vocal de mesa, hasta dos veces seguidas. O las que invoque “el solo ministerio de la ley”, en su defecto.
Dudo seriamente que el espíritu detrás del artículo 15º de la Constitución, sea contar con un espectro lo más amplio posible de las preferencias de la población. No olvidemos que esta “carta legal” se redactó durante el gobierno de facto de Pinochet, quien no tenía el menor interés en considerar opiniones ajenas. Con lo que podemos concluir que ése es tan sólo otro ejemplo del autoritarismo que ha marcado el carácter de nuestra nación. Recuerdo cuánto me chocó que una muy amiga mía, hablando de estos temas, mencionara que se había inscrito en los registros electorales inmediatamente después de cumplir 18 años, puesto que su padre (ex integrante del Ejército) la había obligado al igual que a su hermano.
Mi llamado es a que el voto sea voluntario. No me interesa si la inscripción es automática o no (como promete lograr el candidato Piñera). Pero no se puede seguir obligando a la gente a hacer cosas que está en su derecho a no hacer, sin darle explicaciones a nadie. Me produce risa saber de la “preocupación” que autoridades y personas comunes y corrientes sienten por la baja participación política de los jóvenes. Lamento decir que los desasosegados son parte del rebaño que obedece sin pensar. Porque los jóvenes (y ya no tanto) que no votamos sí participamos de la política, por cuanto somos parte de la sociedad y nos regimos por sus reglas y trabajamos y pagamos impuestos (alguna vez lo hicimos, al menos). Simplemente me revienta cuando alguien dice que el que no vota no tiene derecho a opinar. A ellos les contesto que tengo todo el derecho no sólo a opinar, sino también a cuestionar y criticar. Y que mi resistencia a votar no pasa por desinterés ni desconocimiento (de hecho creo tener mucho más que varias personas que me han venido con la dichosa frase). Pasa por resistirme al sistema. Pasa por respetar mi derecho a expresarme y mi autonomía para elegir. Y no es gratis, pero creo que el costo vale la pena. Porque es hora de que este país avance un poco y cambie su mentalidad de una vez por todas.
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